Opciones difíciles para Venezuela frente a una elección parcializada

Las descaradas medidas del presidente venezolano Nicolás Maduro para inclinar el campo de juego a su favor de cara a las elecciones presidenciales del 28 de julio han puesto a la oposición en una situación difícil; también plantean un dilema para actores externos como EE. UU. y los vecinos de Venezuela. Maduro, a pesar de su impopularidad, aspira a un tercer mandato de seis años. Las autoridades electorales y judiciales partidistas han impedido que sus rivales más populares se registren como candidatos, haciendo caso omiso de un pacto alcanzado por el gobierno venezolano en octubre pasado en el que prometía elecciones competitivas. Suscrito en Barbados, este acuerdo allanó el camino para el alivio de las sanciones estadounidenses. Pero ahora que Caracas rompió sus compromisos, la administración Biden debe decidir si restablecerá las sanciones y, de ser así, cómo. Aunque el incumplimiento del acuerdo de Barbados debe tener consecuencias, un enfoque moderado, en vez de un restablecimiento pleno de las sanciones, probablemente sea la mejor forma en la que EE. UU. pueda mantener cierta influencia sobre Caracas, la cual podría usar para evitar un mayor deterioro de las condiciones electorales. En cuanto a la oposición venezolana, que puede verse tentada a no participar en unos comicios viciados, la lección de 2018, cuando hizo lo mismo, es que esto solo beneficiaría a Maduro. En cambio, deben unirse alrededor de un candidato único que desafíe al presidente. 

Maduro, quien según las encuestas cuenta con una intención de voto del 20 por ciento, parece más dispuesto a afrontar los costos de la restauración de las sanciones económicas estadounidenses que a arriesgarse a perder el poder. Ante el catastrófico colapso económico de Venezuela, que redujo su PIB en un 80 por ciento en menos de diez años, y luego de una fuerte arremetida de la oposición para intentar derrocarlo en 2019, el presidente ve su supervivencia política como una victoria sobre los intentos liderados por EE. UU. por destruir la “revolución”. Observadores cercanos al movimiento chavista, que recibe su nombre por el predecesor de Maduro, Hugo Chávez, han insistido durante mucho tiempo en que unas elecciones competitivas sólo serían una opción si el gobierno estuviera seguro de que ganaría. Sin embargo, el gobierno negoció con la oposición las condiciones para los comicios de julio, en gran parte con la expectativa de obtener un alivio de las sanciones económicas. La mayoría de estas sanciones fueron promulgadas por la administración Trump durante el período de “máxima presión” contra Maduro que se produjo tras la denuncia de la oposición de unas elecciones amañadas en 2018.

Las autoridades venezolanas esperaban que el flujo de efectivo proveniente del renovado comercio de petróleo y gas en el mercado abierto tras el levantamiento de las sanciones el año pasado les permitiera aumentar los irrisorios salarios del sector público, controlar la tasa de cambio y financiar el gasto social, permitiendo así la victoria de Maduro en unas elecciones relativamente justas. Pero a pesar de que la eliminación de las sanciones ha aumentado los ingresos, ha llevado la inflación a su tasa más baja en más de diez años y ha permitido al gobierno repartir dádivas preelectorales, esto no ha sido suficiente para generar un cambio masivo en la intención de voto.

Las fuerzas de oposición han tenido dificultades para decidir su estrategia.

Acosadas y obstruidas por el gobierno, las fuerzas de oposición han tenido dificultades para decidir su estrategia. La candidata electa en las primarias de la Plataforma Unitaria de la oposición el año pasado, María Corina Machado, ha sido inhabilitada para postularse a cualquier cargo de elección popular. En marzo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) impidió el registro de una candidata sustituta, la académica jubilada Corina Yoris. Sin embargo, hasta el momento ha permitido que otros tres candidatos de la oposición convencional se postulen. Existe el riesgo de que la oposición no se una en torno a un solo candidato para los comicios. Algunos líderes opositores podrían, en última instancia, hacer un llamado a boicotear las elecciones, como ocurrió en 2018. Los miembros más pragmáticos de la oposición insisten en que los votantes deben tener una opción viable, y que uno de los restantes contendientes de la oposición aún podría emerger como favorito en vista de los altos niveles de descontento popular con el gobierno chavista.

Para Washington, la fecha crítica será el 18 de abril, cuando el gobierno estadounidense debe anunciar si prorrogará la licencia de seis meses concedida en octubre que le permite a Venezuela vender petróleo y gas en el mercado abierto. A juzgar por las declaraciones de la administración Biden, hay razones de sobra para esperar que se restablezcan al menos algunas sanciones. Pero la escala y el detalle de cualquier reimposición también dependerán de cuestiones más allá de la equidad electoral. A algunos actores políticos estadounidenses les preocupa volver a una estrategia basada en la presión después de que la última campaña de este tipo no lograra derrocar a Maduro, a pesar de las promesas de sus proponentes de que su gobierno colapsaría en cuestión de meses. También les preocupa exacerbar la crisis migratoria en la frontera sur de EE. UU. al dificultarles la vida a los venezolanos. En 2023, alrededor de tres quintas partes del medio millón de migrantes que se dirigieron al norte caminando a través del peligroso Tapón del Darién entre Colombia y Panamá eran venezolanos. Las proporciones fueron similares en el primer trimestre de este año. También hay una fuerte presión empresarial, en particular por parte de las compañías petroleras que hacen lobby, para poner fin al aislamiento económico y financiero de un país del hemisferio occidental con las mayores reservas de petróleo del mundo.

El 17 de octubre de 2023, tras meses de arduas negociaciones a puerta cerrada facilitadas por el gobierno de Noruega, Maduro y la Plataforma Unitaria firmaron un acuerdo en virtud del cual el gobierno se comprometía a un conjunto de condiciones electorales mínimas. En realidad, dado que la oposición por sí sola tenía poco que ofrecer, el acuerdo fue producto de una serie de conversaciones paralelas entre Caracas y Washington en las que el quid pro quo fue un alivio significativo (aunque temporal y reversible) de las sanciones económicas estadounidenses. Además, la administración Biden acordó retirar los cargos de lavado de dinero contra un aliado clave de Maduro, el empresario colombo-venezolano Alex Saab, y ponerlo en libertad a cambio de la liberación de algunos presos políticos y ciudadanos estadounidenses encarcelados [en Venezuela].

A través del control que ejerce sobre todas las ramas del poder, en particular la judicial y la autoridad electoral, Maduro ha incumplido desde entonces algunas de las disposiciones más importantes del acuerdo de octubre. El trato que se le ha dado a las candidaturas de la oposición ha sido fuertemente condenado tanto a nivel nacional como internacional. Tras acordar respetar el derecho de los partidos a elegir a sus candidatos “de manera libre y conforme a sus mecanismos internos”, el gobierno permitió que la elección primaria de la Plataforma Unitaria se llevaran a cabo el 22 de octubre. Pero las esperanzas de que habría una campaña electoral relativamente normal pronto se desvanecieron cuando el Tribunal Supremo invalidó todos los efectos del resultado de las primarias después de que Machado (que se presentó a pesar de haber sido inhabilitada) ganara con más del 92 por ciento de los votos.

Los negociadores sabían desde el comienzo que la candidatura de Machado sería inaceptable para el gobierno, que le ha dicho a la oposición que los partidarios de la línea dura como ella están “en guerra” con el chavismo. Su participación no sólo habría significado una probable derrota para el gobierno, sino también la amenaza de “enterrar el socialismo” y judicializar a altos funcionarios, incluido el propio Maduro. Una chavista le dijo a Crisis Group que su candidatura “representa la continuación del conflicto” más que un camino hacia la coexistencia política pacífica. A los ojos del gobierno, el acuerdo de Barbados no lo comprometió a levantar las inhabilitaciones políticas, sino simplemente a ofrecer un mecanismo para revisarlas.

Otras acciones gubernamentales, sin embargo, representan claras transgresiones. Una condición central del acuerdo se refería al registro electoral, que no ha sido auditado de manera exhaustiva desde 2005 y excluye a millones de venezolanos en edad para votar. Aunque la autoridad electoral lanzó una jornada especial de inscripción de votantes (programada para llevarse a cabo entre el 16 de marzo y el 18 de abril), también hizo lo posible por dificultar el registro o la actualización de direcciones y otros datos para los votantes. Se estima que 4,5 millones de potenciales votantes viven en el extranjero, pero sólo unos pocos están registrados. Los consulados en países con una gran diáspora venezolana retrasaron el inicio del proceso hasta dos semanas e impusieron condiciones onerosas, como tener prueba de residencia legal y contar con un pasaporte válido y un documento nacional de identidad (documentos que pueden ser difíciles o imposibles de conseguir fuera de Venezuela de forma satisfactoria para las autoridades consulares). En la propia Venezuela, donde aproximadamente otros tres millones de personas no están inscritas, el número de sitios de inscripción y el tiempo disponible son completamente insuficientes para la magnitud de la operación.

A pesar de prometer igualdad de acceso a los medios de comunicación, el gobierno ha intensificado su acoso y cierre de medios de prensa independientes, además de abusar de su control de los medios estatales para transmitir propaganda oficial. Tan sólo en febrero fueron cerradas arbitrariamente cinco emisoras de radio en diferentes partes del país. Cuando Maduro acudió al CNE el 25 de marzo para registrar su candidatura, pronunció un discurso ante miles de simpatizantes fuera del edificio, el cual fue transmitido en vivo por la televisión estatal, mientras la Plataforma Unitaria luchaba por inscribir a su candidata en el sistema en línea. Y aunque el acuerdo de Barbados prevé la libertad de circulación por todo el país para “candidatos y otros actores políticos”, a Machado se le ha impedido viajar en avión desde hace mucho tiempo, al tiempo que los partidarios del gobierno con frecuencia bloquean carreteras y, en ocasiones, incluso atacan físicamente a los participantes en mítines y reuniones de la oposición. El gobierno argumenta que la recompensa de $15 millones de dólares por el arresto de Maduro, ofrecida por la administración Trump y que continúa vigente, también representa una restricción a su circulación. Esta afirmación es correcta, y de hecho Caracas y Washington han discutido eliminar la recompensa, pero el acuerdo de Barbados no incluyó esta medida.

La administración chavista tampoco ha cumplido la promesa de promover “un discurso público y un clima político y social favorable al desarrollo de un proceso electoral pacífico y participativo”. Por el contrario, ha emprendido una severa represión contra políticos de la oposición y activistas de la sociedad civil, además de tratar la disidencia o las críticas como evidencia de un complot contrarrevolucionario.

En el caso más destacado hasta la fecha, los servicios de inteligencia arrestaron el 11 de febrero a una destacada activista de la sociedad civil, Rocío San Miguel, experta en defensa y seguridad y directora de una ONG, junto con su hija y otros cuatro familiares, algunos de los cuales fueron liberados posteriormente. San Miguel, que ha permanecido prácticamente incomunicada y sin acceso a sus abogados, está acusada de estar implicada en una de las cinco conspiraciones militares que el gobierno afirma haber descubierto. Cuatro días después, Maduro ordenó a los miembros de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos que abandonaran el país después de que ésta calificara el caso de San Miguel como una “desaparición forzada” porque las autoridades no habían revelado su paradero ni la habían presentado ante un tribunal. El gobierno también ha arremetido contra el partido Vente Venezuela de Machado, deteniendo a cinco de sus coordinadores regionales a finales de 2023 y principios de 2024, y la emisión de órdenes de captura contra algunos de sus colaboradores más cercanos el 20 de marzo. Dos de ellos han recibido el mismo trato que San Miguel, mientras que otros seis de sus colaboradores se refugiaron en la embajada argentina.

La Asamblea Nacional, controlada por una mayoría chavista, ha puesto en marcha una serie de leyes represivas que en la práctica podrían prohibir el disenso. El 23 de marzo aprobó la “Ley para la Defensa del Esequibo”, supuestamente destinada a promover la reivindicación de Venezuela sobre una gran parte de la vecina Guyana. La ley establece severas sanciones para cualquier individuo u organización que se considere que simpatiza “directa o indirectamente” con la posición de Guyana, incluida la prohibición de presentarse a cargos de elección popular o de obtener el registro de un partido. Aunque los candidatos de la oposición no se han opuesto públicamente al ruido de sables de Maduro sobre el Esequibo, la ley amplía significativamente la justificación legal del gobierno para silenciar a sus opositores.

Los críticos han denominado otro proyecto de ley actualmente en discusión como la “Ley Antisociedad”. Esta ley impondría controles tan estrictos a las ONG que la mayoría tendrían que cerrar, mientras que el gobierno dispondría de facultades para cerrar en cualquier momento aquellas que lograran permanecer operando. A principios de abril, la vicepresidenta Delcy Rodríguez también presentó un proyecto de ley “contra el fascismo” que impondría largas penas de prisión por conductas o lenguaje que el gobierno define como “fascista”, y revocaría la licencia de cualquier medio de comunicación que cruzara la línea arbitrariamente definida. (El borrador define como fascistas el “neoliberalismo” y el “conservadurismo moral”).

El gobierno afirma que, de hecho, está permitiendo unas elecciones competitivas. Los funcionarios insisten en que el campo electoral es tan diverso como en cualquier otro momento de la historia venezolana, señalando que hay doce candidatos no gubernamentales y 37 partidos registrados. La mayoría, sin embargo, no sólo no representan ninguna amenaza para el presidente, sino que benefician a Maduro al dividir el voto de la oposición y potencialmente confundir a los votantes: varios candidatos están respaldados por algunos de los partidos que emplean nombres y símbolos de fuerzas de la oposición, pero que han sido objeto de intervenciones judiciales y están dirigidos por facciones vinculadas al gobierno. Dado que el ganador de las elecciones presidenciales venezolanas será el candidato que obtenga la mayor cantidad de votos en una única vuelta, y que en anteriores comicios se ha asegurado la victoria con tan sólo el 30 por ciento de los votos, Maduro apuesta por una estrategia de dividir y vencer.

Aun así, el gobierno no ha vetado por completo a todos los candidatos de la oposición, permitiendo que se presenten tres candidatos que, de diferentes maneras, representan a la Plataforma Unitaria y sus aliados. Uno de ellos, el diplomático retirado Edmundo González, fue admitido en virtud de un acuerdo de último minuto entre el gobierno y la Plataforma que permite que ésta (que aparece en la papeleta bajo el nombre Mesa de Unidad Democrática) tenga presencia en las urnas. González ocupa este espacio temporalmente mientras la coalición determina a quién respaldar. Manuel Rosales, líder de Un Nuevo Tiempo, uno de los cuatro principales partidos de la Plataforma Unitaria, y gobernador del estado más poblado de Venezuela, Zulia, fue inscrito unilateralmente por su partido en el último momento. Rosales es visto con recelo por muchos votantes, quienes sospechan que el gobierno le permitió participar porque tiene algún acuerdo secreto con el chavismo, una acusación que él niega. El tercero es Enrique Márquez, antiguo líder de Un Nuevo Tiempo y exintegrante de la oposición en la autoridad electoral, un independiente ampliamente respetado al que algunos ven como un potencial candidato de consenso de la oposición.

Las inhabilitaciones impuestas a los críticos más abiertos del chavismo (combinadas con la luz verde dada a un puñado de moderados) han erosionado la unidad de la oposición y planteado difíciles dilemas sobre qué estrategia electoral adoptar. La principal alianza de la oposición ha sido durante mucho tiempo una precaria coalición entre moderados y partidarios de línea dura: en la que los primeros han enfatizado en la participación electoral, la negociación y la acumulación gradual de fuerzas, mientras que los segundos han preferido la confrontación y los boicots electorales. El fracaso de la campaña de “máxima presión” lanzada en 2019 para derrocar a Maduro hizo que el péndulo volviera a inclinarse hacia los moderados. Sin embargo, la decisión de celebrar primarias para elegir al candidato presidencial para 2024 llevó al triunfo de Machado, quien fue partidaria de la abstención por mucho tiempo y crítica frontal de la Plataforma Unitaria.

Podrían volver a surgir fracturas en el movimiento de oposición. Machado se ha mantenido firme en la exigencia de que ella (o su sustituta, Yoris) sea la abanderada de la oposición y se ha negado a respaldar a candidatos aceptables para el gobierno. Machado defiende su postura señalando que la ley venezolana permite que los candidatos se inscriban hasta diez días antes de las elecciones, e insiste en que ella o Yoris aún podrían aparecer en las papeletas. El gobierno, sin embargo, ha dicho que sólo los trece candidatos ya inscritos pueden participar en los comicios, descartando la participación de ambas mujeres. Además, incluso si el gobierno de Maduro permitiera a Machado o a Yoris presentarse, cualquier cambio en las candidaturas después del 20 de abril no se vería reflejado en la papeleta electrónica, lo que podría confundir a los votantes. En este contexto, Machado podría llamar nuevamente a la abstención, lo que podría inducir a muchos votantes a quedarse en casa y potencialmente darle a Maduro otra victoria. Eso sería un error, sobre todo porque las encuestas muestran que el presidente podría perder ampliamente frente a cualquier candidato respaldado por la principal corriente de oposición unida. Las elecciones guatemaltecas de 2023 son un recordatorio de que incluso las elecciones estrechamente controladas pueden producir victorias sorpresa: Bernardo Arévalo logró una inesperada victoria después de que las fuerzas políticas que habían excluido a otros candidatos calcularan mal el apoyo que obtendría.

Por supuesto, ante la probabilidad de victoria de cualquiera de los candidatos de la oposición en los últimos días de campaña, el gobierno de Maduro podría verse tentado a tomar medidas drásticas para evitar la amenaza de un revés. Cualquiera que sea la forma que adopte este tipo de intromisión electoral de último minuto, es muy probable que desencadene protestas en el país, así como una condena internacional generalizada, encabezada por EE. UU., la UE y los Estados miembros de la UE, y probablemente incluya a los vecinos de izquierda de Venezuela, Brasil y Colombia, que criticaron duramente a Maduro después de que le impidiera registrarse a Yoris. Las consecuencias de una gran disputa electoral con ramificaciones internacionales son difíciles de predecir. Arrinconado, Maduro podría tratar de asumir el riesgo de la censura que acompañaría a una plena represión autoritaria. Alternativamente, podría intentar evitarlo iniciando negociaciones integrales con las fuerzas más moderadas de la oposición que condujeran a algún tipo de transición controlada o a esquemas de reparto del poder.

Sin que estén las condiciones para unas elecciones libres, ¿cuál es el mejor escenario para Venezuela y cómo se puede lograr de manera más efectiva? El boicot de la oposición a las elecciones de 2018 fue el preludio de años de esfuerzos desperdiciados, cuyo efecto neto fue dejar al país más empobrecido, al liderazgo de la oposición ampliamente desacreditado y a Maduro no solo aún en el poder sino más en deuda con los adversarios globales de EE. UU., incluyendo a China, Rusia e Irán. La oposición ahora es más débil que en 2018. Proponer el mismo enfoque que entonces sería anteponer una postura intransigente a la búsqueda de resultados prácticos y condenar a Venezuela a otro enfrentamiento inútil y devastador económicamente.

Aunque la perspectiva de que Maduro entregue el mando a un sucesor de la oposición en enero de 2025, cuando inicia el próximo periodo presidencial, actualmente parece improbable, unas elecciones en condiciones injustas ofrecen algo más que una opción binaria entre aceptar la derrota o negarse a participar. Unos resultados fuertes a favor de una oposición unida, aunque no alcance una victoria absoluta, podría jugar un papel importante en la revitalización de los adversarios del chavismo. La estrecha derrota de la oposición en las elecciones presidenciales de 2013 fue seguida poco después por la victoria en las legislativas. En 2025-26 se celebrarán elecciones regionales, locales y legislativas, pero si la oposición quiere aprovecharlas tendrá que salir de los comicios del 28 de julio con su capital político intacto y, preferiblemente, reforzado. La mayoría de los venezolanos son conscientes de que Maduro no podría ganar unas elecciones libres, aunque muchos chavistas argumentan que su debilidad es producto de las sanciones estadounidenses. Si la oposición puede demostrar que sigue siendo fuerte y popular, incluso con un campo de juego fuertemente inclinado en su contra, el gobierno tendrá que elegir entre excluirla por la fuerza o negociar algún tipo de pacto de coexistencia.

Para los gobiernos extranjeros, las ONG y los organismos multilaterales, la tarea consiste en seguir involucrados y presionando para conseguir las mejores condiciones electorales posibles. Una observación electoral genuina, incluso en condiciones menos que ideales, sigue siendo importante. En Barbados, el gobierno de Maduro se comprometió a invitar a los comicios a observadores de la UE, la ONU, el Centro Carter, la Unión Africana y la Unión Interamericana de Organismos Electorales. Aunque se han enviado invitaciones a todos ellos, el gobierno se movió lentamente y expresó públicamente su indiferencia sobre si el calendario electoral permitiría o no el despliegue de misiones. Las negociaciones en torno a los detalles específicos de estas misiones están en curso, pero en ausencia de un árbitro nacional válido y confiable, la esperanza de la oposición de minimizar las irregularidades depende en gran medida del trabajo de los observadores internacionales.

EE. UU., sin embargo, tiene la mayor influencia de todos los actores internacionales y tendrá que decidir cómo usarla. La manipulación de las condiciones del proceso electoral por parte de Maduro exige una respuesta si se quiere que el proceso de negociación facilitado por Noruega conserve su credibilidad. Pero, aunque la administración de Biden debe considerar alternativas que envíen una señal fuerte, también debe preservar la capacidad de utilizar el alivio de las sanciones como incentivo para abrir el sistema político. Si EE. UU. declara el fracaso del acuerdo de Barbados y vuelve a imponer el conjunto completo de sanciones que levantó en octubre, Maduro podría llegar a asumir que no tiene nada que perder si decide inclinar aún más a su favor el terreno de juego.

EE. UU. debe adoptar, en cambio, un enfoque más moderado. Por ejemplo, podría suspender nuevamente la Licencia General 44 (la cual permite a la compañía petrolera estatal venezolana vender a compradores estadounidenses) y mantener licencias individuales para empresas estadounidenses específicas, a fin de mantener la presencia estadounidense en el sector energético venezolano. (Esto podría, entre otras cosas, ayudar a disipar las preocupaciones de que Venezuela no tendrá otra opción que tratar con adversarios estadounidenses). Para evitar irritar a los gobiernos europeos, que podrían objetar si EE. UU. ofrece lagunas jurídicas para las empresas estadounidenses, pero no para las europeas, la administración Biden también podría proporcionar “cartas de garantía” a las empresas de energía europeas según sea necesario, lo que en esencia les permitiría seguir haciendo negocios con la petrolera estatal venezolana. Otra opción sería prorrogar la licencia existente, pero sólo por tres meses (es decir, hasta justo antes de las elecciones) dejando claro que no se volverá a prorrogar si se producen más incumplimientos en cuanto a las condiciones electorales.

Los gobiernos de izquierda de los países vecinos de Venezuela, Colombia y Brasil, que tienen canales de comunicación eficaces con Caracas, también tienen una responsabilidad especial a la hora de orientar al gobierno de Maduro hacia unas elecciones lo más creíbles posible dadas las circunstancias. Una vía que podrían explorar es ayudar a la creación del mecanismo de verificación contemplado en el acuerdo de Barbados, el cual permitiría evaluar periódicamente el cumplimiento de los términos del acuerdo y que Noruega (facilitador del acuerdo) ha indicado es una prioridad.

Independientemente de que estas elecciones allanen el camino hacia una mayor paz o hacia más conflictos, no dejan de ser un episodio más de una disputa política que, con ocasionales picos de violencia, ha persistido durante casi un cuarto de siglo. En todo momento, tanto el gobierno como la oposición han considerado el conflicto esencialmente como un juego de suma cero en el que el objetivo es derrotar al contrincante. Pero el ciclo electoral que comienza en julio y concluye en 2026 también ofrece una nueva oportunidad para corregir la flagrante hostilidad mutua mostrada por ambas facciones, particularmente durante la última década. Si se aborda correctamente, este ciclo podría producir un período de coexistencia política, en el que el chavismo controlaría el ejecutivo y la oposición lideraría (o al menos desempeñaría un papel importante en) el legislativo, lo que permitiría negociar una salida integral a la prolongada crisis política. Es muy probable que el gobierno (y sus principales aliados en el ejército) sólo entablen conversaciones serias sobre un posible retorno a la política representativa si su viabilidad política está realmente en riesgo. Con todos sus defectos, las elecciones del 28 de julio ofrecen una oportunidad para comenzar a transmitir el mensaje de que la estabilidad del gobierno está en peligro.

Algunos miembros de la oposición venezolana y sus aliados internacionales considerarán que este enfoque no sólo es ingenuo sino también inadmisible, ya que inevitablemente implicará concesiones para lo que consideran una dictadura criminal. Sin embargo, vale la pena tener en cuenta que todos los logros más importantes de la oposición se han producido a través de las urnas o la negociación, mientras que sus mayores reveses han sido causados por la intransigencia. Afortunadamente, por ahora la mayoría de la oposición ha adoptado un enfoque más pragmático. A pesar de sus medidas represivas y la reciente reducción del espacio cívico y político, Venezuela no ha experimentado los niveles de represión política extrema vistos en Nicaragua o Cuba. Presionar para que se celebren elecciones justas sin darle a Maduro excusas para llevar más aún a Venezuela hacia el autoritarismo es una cuerda floja que las potencias extranjeras tendrán que recorrer con cuidado.